Situación actual
Marco legal vigente
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, está en vigor desde el 1 de julio de 2015. La última actualización de su texto consolidado en el BOE es del 23 de febrero de 2021. La ley clasifica las infracciones en leves (multa de 100 a 600 euros), graves (de 601 a 30.000) y muy graves (de 30.001 a 600.000). Entre las graves figura la desobediencia o resistencia a la autoridad cuando no constituya delito.
La prisión permanente revisable fue introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modificó el Código Penal. El artículo 92 del Código Penal permite suspender su ejecución cuando el penado ha cumplido 25 años de condena, está clasificado en tercer grado y el tribunal aprecia un pronóstico favorable de reinserción social. El Tribunal Constitucional la declaró constitucional en la sentencia 169/2021, de 6 de octubre.
Cifras oficiales
El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del segundo trimestre de 2026 recoge, para el periodo de enero a junio, 1.217.476 infracciones penales, un 0,5 % más que en el mismo periodo de 2025. De ellas, 971.540 corresponden a criminalidad convencional (un 0,5 % más) y 245.936 a cibercriminalidad (un 0,6 % más).
Entre los hechos concretos, el balance contabiliza 183 homicidios dolosos y asesinatos consumados (184 en el mismo periodo de 2025), 29.392 robos con violencia e intimidación (un 0,8 % menos) y 298.475 hurtos (un 3,8 % menos). El 17 de marzo de 2026, el Pleno del Congreso rechazó tomar en consideración la proposición de ley del Grupo Popular para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. La votación terminó con 172 votos a favor y 174 en contra.
Qué se debate
Mantener la prisión permanente revisable
La primera afirmación pregunta si debe mantenerse la prisión permanente revisable. La pena está en vigor, y el último cambio planteado en el Congreso fue ampliarla a los asesinatos con ocultación de cadáver y a la reincidencia, propuesta que no prosperó en marzo de 2026. Unos programas y votaciones defienden mantenerla o ampliarla (PP, Vox, Coalición Canaria y SALF, siglas de Se Acabó La Fiesta). Otros la rechazan, en varios casos por considerarla una cadena perpetua encubierta o contraria a la reinserción (BNG, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y Frente Amplio).
Derogar la ley de seguridad ciudadana de 2015
La segunda afirmación propone derogar la Ley Orgánica 4/2015, que sigue en vigor. Las propuestas de derogación citan los derechos de expresión, reunión y manifestación (Compromís), la prohibición de las pelotas de goma (BNG) o los artículos sobre faltas de respeto y desobediencia (EH Bildu). Sumar registró en mayo de 2024 una proposición de ley con ese objetivo. En sentido contrario, el PP anunció en octubre de 2024 que derogaría la reforma pactada con EH Bildu, y Vox presentó ese año una enmienda a la totalidad con un texto que endurece las sanciones.
Cómo se reparten las posiciones
En la afirmación sobre mantener la prisión permanente revisable, figuran a favor Coalición Canaria, el PP, SALF y Vox, y en contra, EH Bildu, el BNG, ERC, Junts, el PNV y el Frente Amplio. Compromís, Podemos y el PSOE no tienen posición publicada.
En la afirmación sobre derogar la ley de seguridad ciudadana, figuran a favor EH Bildu, el BNG, Compromís, ERC, Junts, Podemos y el Frente Amplio, y en contra, el PP y Vox. Coalición Canaria, el PNV, el PSOE y SALF no tienen posición publicada.
«Sin posición publicada» no significa apoyo ni oposición: indica que no se ha localizado un programa, una votación o una declaración oficial sobre esa afirmación. Las posiciones del Frente Amplio proceden del programa y las iniciativas de Sumar.
Claves para entender el debate
- Las infracciones de la Ley Orgánica 4/2015 son administrativas, mientras que la prisión permanente revisable es una pena del Código Penal. Por eso, las dos afirmaciones afectan a ámbitos jurídicos distintos.
- El Balance de Criminalidad cuenta hechos conocidos por las policías que facilitan datos al sistema estadístico, no condenas judiciales, y separa la cibercriminalidad de la criminalidad convencional.
- Según el balance del primer trimestre de 2026, la tasa de criminalidad convencional se situaba en 40,5 delitos por 1.000 habitantes, en la banda más baja de la serie histórica, y la de cibercriminalidad, en 10,0.
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